shhmo2018402271304

ISSN: 0213-2079 – ISSN electrónico: 2386-3889

DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2018402271304

LA PRÁCTICA DE LA JUSTICIA EN EL ORDEN DOMÉSTICO: EL PADRE DE FAMILIA EN DOMINGO DE SOTO Y SU TIEMPO*

The Practice of Justice in the Domestic Order: The Father of Family in Domingo de Soto and its Time

Mariela FARGAS PEÑARROCHA

Universidad de Barcelona

RESUMEN: En este trabajo nos preguntamos si en el marco del desarrollo de la justicia pública, con el advenimiento de la edad moderna existió todavía una justicia privada que se ejerciese en el seno del espacio doméstico. Ésta debía estar vinculada y solapada con la práctica de la justicia privada de los linajes, que ha sido estudiada. El papel del padre como juez, cuyo fin trascendía lo propiamente causal en búsqueda del orden moral, le permitía una práctica de la justicia doméstica como cometido moralizador. Mientras tanto su ejercicio, al ser sometido al control del poder del príncipe, fue restringido a su cooperación al bien común. E iba a ser objeto de reflexión, tal como se refleja en la obra de algunos teólogos, a saber Domingo de Soto, que analizaremos desde esta perspectiva.

Palabras clave: Familia; padre; justicia privada; moral; Edad Moderna.

ABSTRACT: In this article we talk about the existence of a domestic justice linked to the private justice of lineages; both realities are resisted a period characterised in fact by the development of prince justice, the public justice. We’ve interest about the father as a judge. His justice search a moral order at home but his exercise was limited to the centralisation of prince power and delimited to cooperation to common interest and in early modern history is object of reflection of several teologist as Domingo de Soto, analyzed now under this perspective.

Key words: Family; father; private justice; moral; Early Modern History.

1. La justicia doméstica en el marco de la justicia privada

Sabido es que el sistema de auto–tutela o de justicia privada, de inmemorial origen y harto extendido durante los convulsos tiempos del medievo, pervivió tanto como lo haría la falta o la dificultad de asunción de la función garantista en la aplicación del derecho por parte del Estado. Y así, aquella sería realizada por las propias personas y familias que se consideraban ofendidas o perjudicadas por la infracción de una determinada norma de conducta socialmente reprobable. La reacción ante la infracción, que por otro lado nada impedía que adoleciese de proporcionalidad, debía contar pues con un grupo de allegados, parientes y afines, que se considerasen y se sintiesen afectados, a falta de los cuáles el débil, el ofendido, permanecería siempre desprotegido. Fue ésa la gran época del predominio de la fuerza del linaje, cuyos difusos límites dificultaron el esclarecimiento de los hechos controvertidos, y que desde sus orígenes hasta su fenecimiento se había forjado en base a lazos de sangre y de parentesco ficticio en torno a un principio o tronco común y compartido. Ante una situación de conflicto, algo y alguien habían roto la obligación jurídica de la confianza mutua sobre la que se acomodaba el linaje. Y cuando ello ocurría, era la pequeña comunidad cohesionada entre sí la que gozaba de competencia para reparar dicha ofensa1. En el seno de los grupos de parentesco que decían pertenecer al mismo tronco, la solidaridad ante uno de los suyos no era sin embargo automática, de hecho, poco o nada en ellos lo era; las distintas formas de supervivencia, como fue la respuesta a una ofensa, se habían ido organizando en base a unas necesarias reglas de obediencia y lealtad pendientes del jefe del clan, quien entre otras competencias distribuía recursos, encargaba determinados cometidos, decidía estrategias o dictaba sanciones. El jefe del linaje, –el más poderoso, el más reconocido, el primogénito o el heredero–, tomaría la consideración acerca de las ofensas que merecían o no ser castigadas, aplicando, al menos si se tratase de un ilícito penal –aspecto que durante mucho tiempo no fue en absoluto nada fácil–, la persecución y la venganza, principal medio de respuesta, a caballo entre la expiación social y la reparación privada2.

Sobre la dilatada vigencia de este sistema de reacciones, experiencias de sangre y de lealtad, James Casey, en su fundamental Historia de la Familia, precisa claramente que la denominada «venganza de sangre», pese a que ya en los albores de la edad moderna comenzaría a ser dirimida y recuperada por los tribunales, siguió ocupando buena parte de la jurisprudencia criminal europea3. Este autor recoge que aún a finales del siglo XVII, el inglés John Locke advertía de los peligros de que el castigo, como parte de la justicia, se ejerciese directamente por los implicados en la causa4. La historiografía modernista ha dedicado interesantes páginas a buscar estas resistencias, que fueron habituales de modo paralelo al crecimiento de la judicialización de todos conflictos, o más bien de cierta tipología de conflictos, especialmente ligada a la preservación de la jerarquía social5. Como ha escrito F. Segura, el recurso a las estructuras comunitarias con preferencia a las judiciales, como vía de resolución, refleja la existencia de diversas esferas de poder, y de un marco de relaciones sociales regulado por la costumbre. Además, la conjugación de ambas vías era una garantía de orden6. El poder de los linajes, sus espacios de competencia y disciplina, sus intensas sociabilidades, sus tensiones encaminadas a evitar el tan temido escándalo, todo apuntaba hacia una cultura comunitaria, de intricados lazos y vigilantes deudos, que seguiría por largo tiempo alimentando esta vía. El teatro áureo fue muy prolífico ante semejantes asuntos. Castigos, amistades y venganzas, son testigos de la conversión de intereses privados en problemas políticos, una muestra de la frágil distancia entre ambos7. Los estudios realizados en el ámbito de la historia de las mujeres y de la familia, permiten ahondar más aún en estas cuestiones. Y no sólo como termómetro de las violencias, sino también sobre el uso de mecanismos privados para la resolución de los conflictos8. Un trabajo reciente de A. Morte, abunda en el papel de la red9 de parientes, vecinos o amigos, como recurso para las mujeres ante una situación de violencia marital. Redes que ofrecían a la víctima, entre otras cosas, cobijo, para ganar tiempo e intentar restaurar la paz10. M.A. Hernández Bermejo resalta cómo la costumbre de la murmuración vecinal condujo inevitablemente a la sensibilización ante situaciones de violencia en el hogar y en consecuencia a mediaciones y reconvenciones, que a menudo podían coincidir con la subsiguiente testificación en la vía jurisdiccional11. Violencia y justicia privada han ido de la mano en el plano historiográfico, no en vano sus relaciones son obvias, si bien hay que pensar también en una justicia como reguladora de desajustes cotidianos no exclusivamente violentos, ligados al monopolio del patrimonio y el sistema de exclusión12. La abundancia de sentencias arbitrales, actos de conciliación y concordias efectuadas ante notario, son así mismo prueba de la persistencia de estos usos13. Se trataba de actos que tenían mucho de ritual. La misma vida familiar se articulaba en torno a una sucesión de rituales que cumplían con el ciclo vital que abarcaba desde el nacimiento hasta la muerte. Y cada uno de dichos rituales construía sociabilidades, posiciones en la comunidad y dentro de la parentela, como los mencionados acuerdos. No hay que dejar de lado, empero, que son más las razones que impulsaban a las familias a buscar soluciones fuera de los tribunales, y razones tan simples como exasperantes mental y materialmente, como la distancia entre el lugar de residencia y la sede de un tribunal14, o las dificultades económicas tal como ha estudiado J. Hardwick para el caso de las pugnas entre familias de los estamentos más desfavorecidos, o finalmente la vergüenza, que operaba con fuerza entre las elites15. En todo caso, el encarecimiento de los costes de la administración de justicia constituía un poderoso disuasorio. Incluso cuando un pleito ya se había iniciado, no eran pocas las familias que tomaban la decisión de resolver su asunto de forma alternativa y desde luego más ágil. La mayor parte de las concordias celebradas entre las elites barcelonesas de la época, comenzaban aludiendo a los enormes gastos satisfechos en un pleito previo y evocaban su deseo de poner pronto fin al desencuentro16.

Para el entorno social hispánico, debemos a los trabajos de T. Mantecón numerosa información sobre la infra–judicialidad. Siguiendo a éste autor, las florecientes monarquías modernas consideraban la justicia y su administración cuál sinónimos de salud pública, definiciones heredadas de la cultura clásica, y una de las principales razones de la autoridad regia consistía en preservarlas. Paralelamente eran sinónimo de un orden moral expresado y reconstruido a través de las sentencias. La cabeza de esa comunidad política, por designio divino, tenía la obligación de conservarlo. Pero el gran reto para alcanzar objetivos tales pasaba por la disolución de las viejas estructuras feudales y de linaje, y ésa fue una historia de muy larga duración pese al inminente proceso civilizador17. Se ha hablado incluso de contrastes existentes entre, por un lado las zonas rurales, también a nivel del continente europeo, que gozaron de un enorme peso consuetudinario en el control social prolongando cómodamente los usos de la justicia privada, y por otro lado las zonas urbanas, cortesanas, rápida y mayormente sometidas a la autoridad del rey. En cualquier caso, la intensidad de aceptación y hasta su ritmo, son diversas dentro de cada grupo territorial, conociéndose en todas partes arbitrajes y mediaciones, interpretados como escapes sociales a los proyectos incriminatorios de las monarquías. Y lo que no amparaba la ley, lo legitimaba la costumbre, tanto como la permisividad de los jueces. En esta tesitura, se hallaban las guerras privadas entre parentelas, que en algunas regiones de Europa pervivieron hasta bien entrado el siglo XVIII. La propia cultura de la noción de justicia siguió entendiendo estas prácticas como parte inextirpable de las posesiones inmateriales de las relaciones sociales, pues ella misma oscilaba entre la composición, el desistimiento, la ejemplaridad18. Cuestiones todas, que emergían de los espacios más próximos y domésticos, reconociendo el hogar como lugar de fidelidad a la justicia por su papel de conciliación moral y social.

De alguna manera creemos pues que el padre de familia ejerció algún papel relevante dentro de esa encrucijada. Conocemos cómo las familias en su conjunto, hermanos, hijos, esposos, cuñados, intentaron resolver sus asuntos dentro y fuera del orden jurisdiccional; hemos aludido a la práctica de las concordias; la lentitud de las resoluciones judiciales, el mecanismo de las recusaciones a los jueces por parentescos y afinidades, a veces complicadas de descifrar en un contexto en el que las relaciones clientelares visibles o menos visibles sostenían la comunidad; la vigencia del sistema de los intricados vínculos sucesorios cuyas dudas eran aprovechadas para encausar a unas y otras partes; la problemática y hasta imposible inflación dotal, cuyos impagos se mutaban en demandas. En definitiva, especialmente entre las noblezas y los espacios para–nobiliarios, entre las clases propietarias, la compleja vida familiar–patrimonial, forzaba a los interesados a aprovechar todas las opciones y alternativas conocidas. Una de las fuentes más clarificadoras al respecto son los procesos de visita efectuados para tutelar el ejercicio público de la magistratura, como los que tenían lugar cada trienio frente a los jueces de la real audiencia de Barcelona. Hemos tenido ocasión de trabajar algunos de ellos, cuando involucraron a las mejores familias vinculadas a la ciudad. La escasa ejecutividad de algunas sentencias mostraba una encrucijada de reacciones y relaciones. Recogeremos unos pocos pero significativos casos que ilustran las cuestiones indicadas. En una de estas visitas, correspondiente a la primera mitad del siglo XVI, el noble Jaume de Sentmenat denunciaba el hecho de que durante el tiempo que estuvo pendiente la causa que llevaba contra su madre Elisabet Maria de Sentmenat, quien le había revocado la donación hecha en capítulos matrimoniales, ella organizaba reuniones en el domicilio de otra conocida dama, Ana Dusai, su cuñada, donde acudían varios abogados para tratar el asunto litigioso y donde también acudía invitado el juez Muntaner. Éste era precisamente quien llevaba la citada causa en el alto tribunal. Su presencia en aquellas reuniones revela lo habitual de resolver las cuestiones entre familias y amistades. Aunque no es menos cierto que la presencia del relator prueba así mismo las connivencias clientelares que arribaban a la esfera institucional, de las que como miembros de aquella sociedad era complicado abstenerse, más aún cuando ello contribuía a su propio y anhelado ascenso social. En efecto, en el mismo proceso de visita trascendió a luz pública que otro juez, Vallseca, estaba involucrado en un asunto privado que a la vez favoreció. Mientras él mismo llevaba una causa de Antic Cornet, ciudadano de Barcelona, se concertó y celebró el matrimonio de su hija con un allegado de éste último19.

El matrimonio ha sido clave históricamente para la resolución de un conflicto entre linajes y el alcance de la paz entre los enfrentados, desde las grandes dinastías reales hasta el vértice opuesto de la pirámide social, y vivió uno de sus momentos de máxima tensión justo antes de que se canonizase la libertad de los contrayentes bajo el Concilio de Trento. En otro de los mencionados procesos de visita, de finales del siglo XVI, los hermanos Alejandro y Geroni de Alentorn se hallaban enfrentados por unas rentas y términos señoriales. Una primera sentencia condenó al segundo a restituir ciertas posesiones al primero, a lo que aquél no se avino procediendo por el contrario a varios llamamientos públicos con la finalidad de provocar el alzamiento de los campesinos contra su señor Alejandro, así como estorbar las posesiones de éste mediante el apoyo de toda una red de afines. Estos recursos se inscriben en el contexto del bandolerismo señorial tan asentado en la Cataluña alto–moderna, poderoso instrumento que dirimía sus negocios por la vía de la fuerza y la capacidad de acción e influencia de sus seguidores20. De la suma del bandolerismo, efectivo o latente, presto a organizarse, y el elemento crucial del matrimonio, fue habitual que entre los involucrados surgieran dificultades y suspicacias a la hora de elegir el mejor consorte para una hija en edad de casar. La parentela se contradecía oponiendo a sus candidatos, reforzados por intermediarios que también jugaban sus propios intereses. Se trataba, en su propio contexto, de un mercado matrimonial especialmente tenso, marcado por la competitividad que nacía de la movilidad social de las burguesías urbanas y la pugna por el creciente proceso de acortesanamiento. Ante el temor a que el bando contrariado secuestrase a la doncella en una demostración de fuerza, aparecía el padre de la joven dirimiendo el asunto. En el medievo, consumada la ofensa, el padre decidía la vendecta a aplicar al ofensor21. Iba a ser no poco habitual que el padre se anticipase y la secuestrase él mismo, y así, tal como oportunamente se justificaba, interrogarla con calma lejos de intervenciones de terceros para que la joven se inclinase por la mejor elección. Quienes disfrutaban de mayor poder dentro de la familia, por su posición de herederos, por su posición de padres, se encontraban con la suficiente autoridad moral como para acometer un rapto de este tipo. El rapto del padre, el rapto patriarcal, frente al rapto del linaje. Pero no se trataba tan sólo de una expresión de poder frente a otros miembros de la parentela, sino de una ritualización de la capacidad de decidir y de dictar lo «mejor», o lo más conveniente, en este caso para la doncella, sin duda para la familia entera, tambien. El rapto ejercido por el padre de la familia, escenificaba cómo él se llevaba el asunto fuera de los lugares donde iban a sufrirse toda suerte de presiones. De algún modo él actuaba como hacedor de justicia, rodeando el acto de algunas garantías, como el secreto, principalmente en torno al lugar –una casa particular o un convento–, pero también en torno a sus intenciones. El rapto patriarcal se hallaba, en fin, en la encrucijada de los espacios privado y público, que ponía en relación. Frente a los raptos no consentidos, tan perseguidos por los estados de la edad moderna como abominados por la Iglesia, en tanto perjudicaban la voluntad que era clave en la validez del matrimonio, en este caso los padres –o quienes disfrutasen de la patria potestad en aquél momento– cuando decidían iniciar tal operación podían y solían acudir a las más altas instituciones del rey solicitando autorización, máxime si se trataba de familias nobles. Con ello, el poder público mantenía en observación un asunto susceptible de provocar mayores perjuicios, temiendo que las familias que presumían de contar con grandes clientelas convirtiesen una doméstica disputa de matrimonio en toda una guerra feudal por los intereses materiales que se hallaban en juego. Muy similar fue el derecho que el propio rey colocaba a disposición del padre mediante la lettre de cachet22. Hasta qué punto el poder público delegaba en el padre de familia la resolución de un conflicto así, o intervenía procurando la paz, dependió de cada caso23. Muchos pueblos y costumbres, no en vano, han incorporado el rapto con intervención del padre como parte del complejo ritual del matrimonio24. En la edad moderna los defensores de un fuerte poder del príncipe entendieron que el recto gobierno y el orden de la república pasaba por garantizar el control de la administración de justicia. Jean Bodin escribía al respecto: «Otro artículo de la ley de Dios ordena que el hijo que hubiese deshonrado al padre o a la madre sea condenado a muerte, pero confiere el conocimiento de la causa a los jueces; no deja la pena a la discreción de los padres, a fin de que el delito no quede impune, porque el amor de los padres hacia sus hijos es tan ardiente que, aunque éstos les hubiesen herido de muerte, procurarían que el asunto no llegase a manos de la justicia»25. Es este, parte del rol sobre el que se puede indagar acerca del padre en el orden doméstico y que conocemos escasamente. La justicia privada y la justicia doméstica se articulan mutuamente. Ambas se reencuentran en torno a la figura del padre.

2. La justicia doméstica: virtud de la casa y evolución del poder del padre

Se hace necesario reflexionar sobre la evolución de las competencias del viejo pater familias romano. Algunas de estas parece que fueron asumidas por el jefe del clan, cuya influencia, igual que el anterior, se extendía a todos cuantos dependían de él. Son numerosas las referencias a la actuación jurisdiccional de aquél. Cuando ejercía la disciplina doméstica, estaba administrando justicia, ejercitando de algún modo en el «interior» de su casa el mismo poder que en el orden «exterior» de la civitas correspondía al magistrado provisto de coercitio. El impacto de sus decisiones en la comunidad a la que pertenecía podía ser enorme, cuando se trataba de señores o patronos con numerosos descendientes directos, de primera y de segunda generación, cuando además contase con diversos criados, deudos, amigos y servidores. Vigilaba también el padre, con sumo rigor, que las conductas de los miembros de su grupo no truncasen las buenas relaciones (pax deorum) con los diis Manibus26. Entre sus más relevantes facultades disciplinarias respecto de sus hijos, hay que destacar el derecho a la vitae necisque potestas, si bien podía aplicar sanciones más leves, la modica castigatio, o el ius noxa dandi con el que se entrecruzaba el derecho de familia y el derecho de obligaciones. Para éste último, como ha recogido C. Amunátegui, detentaba la responsabilidad delictual o cuasi–delictual derivada de los actos de quienes se encontraban bajo su potestas a través de la entrega del responsable a manos de la víctima, lo que anticipa el discurrir de la venidera vindicta colectiva sobre el grupo propia de la edad media27. Su potestad, en fin, se enmarcaba en una cultura jurídica que conoció la distinción entre delitos públicos o crimina y delitos privados o delicta, reservando éstos últimos en buena parte al espacio familiar, aunque no se trataba en modo alguno de una clasificación tajante ni excluyente.

Su poder pronto conoció, con todo, significativos límites. Y ello iba a ocurrir precisamente cuando la figura del pater familias romano gozaba de su máximo esplendor, bajo el apogeo de la familia agnaticia, cuando las mores maiorum y el ius sacrorum por los cuáles velaban, por otro lado, los censores, se erigían en límite y garantía contra la comisión de posibles arbitrariedades. Otro de estos límites consistió en la potestad de recurrir, para asuntos de familia que revistiesen de objetiva gravedad, a un consejo de familia, en el que intervenían la esposa, sus parientes y amigos próximos; se trataba del iudicium domesticum o consilium domesticum28. Éste consejo, frente a un conflicto, debía determinar la existencia de justa causa aportando una solución de equidad. Así mismo para resolver las causas suscitadas en el seno de su familia, el padre tenía la obligación de conocer a fondo todos los asuntos concernientes, sabiéndose comprometido a citar y escuchar a los diversos testigos y aún al familiar implicado o acusado, quienes tendrían la oportunidad de defenderse ante él (cognita domi causa). La connatural rendición de cuentas ante el grupo, habitual en la cotidianeidad, sobre todo si se trataba de un grupo fuerte y numeroso, muestra un poder más compartido que absoluto. Aún más, en su obrar tenía que mostrar que era diligens en bien de la propia comunidad que gobernaba. De sus virtuosos actos dependía el prestigio y la honorabilidad del conjunto de la familia29. Desde la época republicana y quizás por influencia del estoicismo, se fue sosteniendo, en círculos aristocráticos, que las actuaciones del pater familias debían estar regidas por la pietas y la humanitas, virtudes que trascenderían largo tiempo hasta incrustarse en el código justinianeo sobre cuya base se recuperaría desde el siglo XIII el derecho romano. I. Núñez nos recuerda que Cicerón insistía en la relación de afectos entre padres e hijos, una relación que se inspiraba en la amistad existente entre personas que están ocupando en la sociedad posiciones diferentes. En esos distinguidos y cultos ambientes debía conocerse también cómo Séneca, al tratar sobre el origen divino del poder, consideraba que cuando éste se ejercía con moderación era cuando desprendía auténtica superioridad30.

Siglos después, es incuestionable, como ha estudiado E. Montanos a partir de la obra del influyente jurista de fines del XVI Juan de Solórzano Pereira, que las teorías sobre el papel del padre asumen las posturas clásicas vertidas en la citada compilación justinianea. En este nuevo contexto iban a ser el favor pietatis o la favor charitatis y la reverencia, el motor de las relaciones parentales, cuya ruptura o quebrantamiento podía provocar conflicto, violencia y hasta el tan temible crimen de parricidio. Ya en la Roma clásica se tipificaba y castigaba como homicidio cualquier acto del pater que hubiera desencadenado la muerte de alguna de las personas sometidas a su patria potestas, entendiendo que había sido realizada cum atrocitate, sine pietas. La patria potestad se había convertido en officium y eran, el derecho a la corrección o el poder de consejo, las grandes competencias que presidían su ejercicio31. La obra de Solórzano, conocida en 1599, abordaba el crimen del parricidio bajo el título Diligens et accurata de parricidii crimine disputatio; nos encontramos ciertamente en tiempos de reflexión sobre las relaciones familiares, de búsqueda de fuentes, tiempo aún de convivencia entre diversidad usos y costumbres, justo cuando está afianzándose el modelo matrimonial tridentino recientemente discutido y cuando opera de modo paralelo la monopolización del uso de la fuerza por los estados32.

La lenta disolución de los poderes del pater familias, primero por intromisión de otros valores en gran medida procedentes del cristianismo y con posterioridad por la devolución de dichos poderes en manos de instancias superiores en la comunidad, no necesariamente debía implicar que el espacio doméstico se viera despojado de manera drástica de todas las atribuciones que otrora había conocido. Ese fue sin duda el caso del consejo y la disciplina, pero de otras muchas33. Pensemos que en el otro extremo de este largo tiempo, ya en el siglo XVI, Jean Bodin, el gran pensador del absolutismo, titula el capítulo cuarto del libro primero de su conocida obra Los seis libros de la República como «Del poder del padre, y si es bueno usar de él como hacían los antiguos romanos». El referente del derecho y la cultura romana fue muy poderoso, entrada la edad moderna, y aún muy admirado: «Al irse debilitando, poco a poco, el poder del padre, con la decadencia del Imperio romano, no tardaron en marchitarse la antigua virtud y el esplendor de la república; la piedad y las buenas costumbres fueron reemplazadas por un sinnúmero de vicios y perversidades» escribía el mismo autor34.

Los vestigios del poder del padre habían sido importantes durante el medievo conviviendo con nuevas formas de imponer el orden y la justicia. Con la descentralización política, los estamentos, las parentelas, se verían más necesitadas que nunca de instituciones que garantizasen el ejercicio jurisdiccional y que restableciesen sus condiciones35, y ahí se encontraba el pater familias, el linaje y el histórico derecho de venganza. Institución ésta, que durante décadas requirió una autorización de la familia por parte de quien ostentase la máxima jerarquía social y feudal con el fin de que se impulsase el proceso. Así quedaba recogido el derecho penal altomedieval de la inimictia. Otras formas de reparación no violenta se irían imponiendo paulatinamente,36 como el depósito en manos de un tercero de la tarea de reparación, nombrado al principio privativamente por medio de la familia y más tarde por el incipiente Estado. La iniciativa dentro del orden doméstico sin embargo ya no recaía de manera exclusiva en el pater familias, gran parte del sistema familiar se había modificado y la parentela extensa representada por el miembro más temido, más fuerte, aclamado y poderoso, era consciente de los derechos que debía proteger. En todo caso no fue tarea fácil renunciar pacíficamente a la intervención consuetudinaria de las familias en estos asuntos. La alternancia de lo privado y lo público en la resolución de los conflictos no era ninguna novedad, la civilización clásica ya había permitido la práctica de la auto–tutela al inicio de un proceso jurídicamente regulado, y también en la fase final de ejecución de la sentencia, de modo que las familias estaban normalmente habituadas a estas interferencias37. Las prescripciones y las experiencias interactúan mutuamente y se van transformando unas a otras a la luz de sus opuestos, en búsqueda de alianzas y simbiosis con las que garantizar su propia supervivencia. Son las habermasianas gramáticas de la vida que muestran diálogos y tensiones entre usos reales y normas38. La familia era pues el motor de la comunidad, no sólo parte interesada en cualquier proceso, se erigía por la fuerza de la costumbre en guardiana de los derechos y las obligaciones ordenadas hacia la paz común. Esta auctoritas como fuente de derecho estuvo presente largo tiempo acompañando los sucesivos cambios políticos39. El mismo sistema de composición se inmiscuía de manera natural en la tradición, y así la auctoritas graduaba la cuantía de aquella o la elección de la reacción a acometer por parte de la familia de la víctima40. Una reciente síntesis de I. Ramos acerca de la pena de prisión en la edad media, vuelve a destacar estas resistencias. Los primeros fueros municipales castellanos contemplaban la existencia de apresamientos particulares, por cuanto los poderes públicos delegaban en los ofendidos por el ilícito las funciones de custodia, coacción y punición de los detenidos, también por falta de medios públicos suficientes. En el mismo capítulo se recogían los apresamientos privados por mantenimiento de deudores insolventes y delincuentes a la espera de juicio41. Demandantes, acreedores y víctimas, disponían de legitimación activa para ejercer este tipo de detención, siempre y cuando recibiesen a tal efecto una orden judicial y cumpliesen ciertas condiciones prescritas por el derecho. Pero el sujeto pasivo resultaba ser mucho más amplio, ya que además del demandado, podían ser detenidos en su lugar su propia mujer, sus hijos u otros familiares, e incluso los que se hubieran presentado como sus fiadores. Los hijos y nietos del detenido podían ingresar voluntariamente en prisión en lugar del mismo, asegurando con su propio cuerpo la deuda42

Detengámonos en este punto. Una amplia noción de responsabilidad por hechos ajenos, que guarda relación con la cohesión interna del grupo, la casa y el linaje, se ha consolidado en todo el tiempo histórico que antecede al surgimiento del individuo o el proceso de subjetivización jurídica43. Dicha responsabilidad se va a apuntalar definitivamente con la progresiva implantación del derecho de primogenitura y los privilegios de exclusión44. Para ello habría que esperar aún a la baja edad media. De algún modo, la exclusión, con lo que significa de apartamiento de la propiedad del tronco común, podía gozar de mayor aceptación bajo una cultura de las obligaciones entendidas como contraprestación y protección. La misma fuerza expansiva hay que atribuir a una arraigada moral de la culpa, cuyos orígenes nos trasladan también al mundo clásico, algunas de cuyas mayores tragedias escritas giraron en torno a aquella. Por una determinada culpa, por una culpa declarada, debían responder individuos y familias generación tras generación hasta alcanzar el equilibrio transgredido, lograr la ansiada armonía con el cosmos y purificarse45. El cristianismo envolvería la culpa en una doble dimensión, la teológica, que se desprendía del fuero interno y, la jurídica, destinada a identificarla, con el fin de restaurar la republica cristiana46. La culpa, para la cultura judeo–cristiana, seguía teniendo carácter hereditario. Todas las generaciones arrastraban las consecuencias del pecado original. Pero restringía la responsabilidad estrechando el cerco hacia el yo íntimo en los términos con que se afirmaba en el bíblico libro del Deuteronomio: «No morirán los padres por culpa de sus hijos ni los hijos por culpa de sus padres»47. De la ósmosis entre responsabilidad por los actos de los miembros de una casa, –expresión de dependencias y sujeciones–, y un concepto de culpa individual, se derivaba un necesario adoctrinamiento y ajusticiamiento en el espacio doméstico. Una época en la que el compromiso de la palabra dada gozaba de un rango probatorio concluyente, es obvio que el honor de la familia al que se debía el padre buscaría un resarcimiento y reequilibrio en el interior. Hasta tal punto fue importante la responsabilidad del padre por los ilícitos del hijo bajo su patria potestad, sin duda un modo de colaborar con la justicia pública, que en algún caso fue preciso abandonarlo de forma solemne ante los vecinos reunidos en concejo para así liberarse48. Otro proceso especial que era escenario de una justicia doméstica consecuencia de la repercusión de los actos de sus miembros, es el de la medieval fianza de salvo, que perdurará incluso más allá de su propio tiempo. Mediante ésta, toda persona que temiese la agresión de algún miembro de la comunidad, podía demandar al sospechoso una serie de fiadores que garantizasen su seguridad y la de sus familiares. El sospechoso estaba obligado a presentar a los fiadores ante el juez49. El delito de hurto cometido entre los de una misma casa, estudiado para la época medieval y moderna por P. Ortego, muestra incluso que, según el alcance del valor de lo hurtado, si era menor, la potestad de castigo correspondía a la víctima, fuera el abuelo, el padre, el marido o el amo, en un ámbito estrictamente privado.

Aquí las facultades del padre eran muy amplias y limitaban el ejercicio de la función judicial. Quedaban a su plena voluntad las vías para el castigo y la recuperación. El castigo privado, disciplinario50, evitaba así el castigo público51. Volviendo a Bodin, el natural e indiscutible afecto de los padres hacia los hijos hacía presumir que sus castigos partían de justa y buena causa en beneficio y honra de ellos, hasta el punto que «… los magistrados deben abstenerse de intervenir»52. Ya en la época de máxima catolización, el Catecismo romano para párrocos publicado tras el Concilio de Trento, se sumaba a la enseñanza del padre que aplicaba la ley de Dios en su hogar: «es su primer cuidado que todos los que tiene baxo su potestad vivan anivelados y ajustados a la divina ley (…) huyan del rigor excesivo, quieran más corregir que vengarse de sus hijos (…) si cometen alguna culpa, siendo necesario el castigo y la reprehensión que no les perdonen por demasiada condescendencia»; en éste sentido se dirigía a los hijos aconsejando «…concertamos nuestros negocios según su arbitrio»53. Todos los tratados encaminados a la divulgación del credo católico y sus prácticas abordaron de alguna manera esta dimensión arbitral, restauradora de la paz familiar, en manos del padre. El muy leído Catecismo de Gaspar de Astete, conocido desde 1599, escribía al respecto: «…Cada familia es un pueblo. La autoridad suprema reside en los padres y va descendiendo por los hijos mayores (…) si los mayores se esceden o los menores se resisten el orden se turba, y de aquí, nacen las discordias (…) a los padres toca remediarlas»54.

Retomando la noción de resistencias, que hay que subrayar en tanto abonarían el terreno para el ejercicio de la pequeña justicia del padre, cabe también tener presente la vigencia tardo–medieval de la paz de la casa originaria del derecho germánico. El poder público sería el encargado de extenderla hacia otros órdenes. La paz de la casa velaba por un estrecho espacio considerado sagrado, mientras se estaba imponiendo la paz del rey, con la que cooperaba involucrando a los parientes y deudos de aquella. Sólo el aumento de las peticiones de amparo o seguro regio más modernos hacen pensar en su decadencia y sustitución. Si bien, tales seguros, como han estudiado R. Morán y C. Quintanilla para el reinado de los reyes católicos, mayoritariamente otorgados con la finalidad de proteger a unas familias nobles de otras, o a los vasallos frente a sus señores, seguían manteniendo algunos lazos con la antigua paz de la casa para así convencer e imponerse55. Conocemos el significado de la paz de la casa respecto a la seguridad que desplegaba a beneficio de sus moradores y a su relación con lo público, especialmente desde los ya clásicos trabajos de J. Orlandis. Sin embargo, sabemos poco acerca del papel que ejercieran sus miembros56. Cuando F. Tomás y Valiente analizaba la práctica del perdón de la parte ofendida en la Castilla de los siglos XVI al XVIII, observaba como se ponía de manifiesto «…esa oscilación entre la tendencia a ampliar la esfera de actuación estatal en el campo jurídico penal, y, por otra parte, el respeto a la decisión de la persona perjudicada directamente por el delito»57.

Con la recepción del derecho común, ciertas prácticas de la tutela familiar tan sólo se van a desterrar parcialmente de los ordenamientos. Los actos resolutorios desarrollados durante las crisis familiares demuestran estas afirmaciones. Durante largo tiempo, la responsabilidad cívica frente a la sociedad, iba a continuar basándose en el concepto del honor58, y el respeto a los antepasados se defenderá hasta incluso violentamente59. Fue importante el sostenimiento proveniente de las redes populares, la complicidad, el temor, para mantener una función que podía tornar en violencia en los hogares60. La hipertrofia normativa también ha sido una de las causas atribuibles a las inercias que aquejaban a la administración de justicia de la época moderna, obstruyendo la finalización de los pleitos61. La práctica cotidiana de los acuerdos tácitos sostenidos entre las familias, complicaban este panorama62. Ll. Bonfield ha señalado en este mismo sentido la especial relevancia que revestía la posibilidad de eludir la ley en materia de propiedad familiar. La distribución63 creada por la voluntad individual no siempre respondía a los dictados del derecho consuetudinario sobre la propiedad y la herencia. Semejante uso de la libertad de decisión permitía elaborar estrategias más allá de la lealtad al cumplimiento de la costumbre64. Las decisiones y resoluciones nacían a partir de una suma muy compleja de la expresión de la voluntad divina, la salus populi, el bien común, y finalmente la satisfacción65. Esa concatenación de principios y fines le dieron un protagonismo ineludible a la familia y a su cabeza. Juristas castellanos de la edad moderna así lo reconocían. Antonio Gómez, Fernando Gómez Arias, hablaron de derecho personalísimo e indelegable, al abordar la capacidad de un esposo de condenar a muerte por sí mismo al amante de su esposa adúltera siempre que le asistiese justa causa, esto es, descubrimiento de los hechos in flagrante delito, lo que no obstante Gregorio López lamentaba como contrario a derecho. Para Diego de la Cantera también era legítimo proceder a la manera tradicional para el caso de un deudor huido66.

Imprescindible en el marco de la historia de las relaciones familiares es el ius correctionis que abordaría magistralmente fray Domingo de Soto. Cabe entender la corrección como un instrumento coercitivo de auto-tutela. Así pues, según este autor, corregir permitía realizar un apresamiento privado a los padres con respecto a sus hijos, y a los amos con respecto a sus criados: «Solamente los padres pueden retener encerrados a sus hijos y los amos a sus criados por un poco de tiempo, tanto por castigo, como por corregirlos; porque este encerramiento no tiene carácter de cárcel. Porque aunque en atención a la corrección fraterna pueda cualquiera procurar apartar a un hermano del mal, sin embargo no puede hacerlo por la fuerza»67. Otros juristas lo ampliaron tanto a los padres, maridos, señores, abades y parientes con respecto a sus hijos, mujeres, siervos, monjes y familiares con las capacidades mentales perturbadas, añadiéndose a ellos, de la pluma de Julio Claro, el caso de los cardenales con respecto a sus propios familiares y otros miembros de su casa, a los que definía como domésticos68.

Si la corrección como parte de las relaciones sociales y de una concreta cultura política, no ha recibido particular atención en los estudios sobre la familia, algo más sabemos, en cambio, sobre la específica corrección marital como vehiculadora de la violencia de género o los malos tratos, dos realidades distintas si bien concomitantes. M.C. García Herrero la ha estudiado para la baja edad media69. Son varias, pues, las direcciones que nos permiten pensar en la justicia doméstica ejercida en el espacio de la familia alcanzada la edad moderna. El padre, de hecho, era el juez más cercano para resolver los conflictos que se planteasen en aquel espacio. El derecho que emanaba de la patria potestad de gobernar y castigar comprendía el hacer justicia. El padre de familia la dictaba en base al derecho natural, mientras los jueces, por su lado, acudían también al resto del ordenamiento. Antes de la judicialización externa del conflicto, las reglas morales familiares servirían de fuente para la actuación del padre, que se acogería a ellas, debiendo escuchar las pretensiones y las alegaciones para finalmente decidir70.

Semejante actuación, si moderada, pues no entraremos aquí en su desbordamiento71, se consideraba necesaria a la par de la construcción de una ordenada república, una forma de colaborar la parte con el todo al que pertenecía la familia de forma armoniosa, con la justicia del rey, con la justicia pública. No es posible escindir la mentalidad imperante y de larga duración que se mantuvo fiel al poder ajusticiador del padre, de una cultura escolástica que arrastraba los presupuestos que Aristóteles expuso al reflexionar sobre la familia. En su Ética, al referirse al arte de regir bien una familia, el estagirita hablaba en efecto de la justicia doméstica, una práctica orientada al bien de la casa, que no estaba regida por leyes sino por el principio de jerarquía72. A través de aquella, el padre desarrollaba «justicias específicas»73, ya con los esclavos, ya con la mujer, o con los hijos. Con éstos últimos, la finalidad de su justicia no era restaurar la igualdad, sino el mérito. En el capítulo de la relación entre los esposos, el ejercicio de esta justicia se fundaba en la excelencia o virtud, única vía para alcanzar una equiparación entre ambos, junto al patrimonio si lo hubiere. Se trataba de una noción de justicia en el interior que se ensamblaba al concepto de amistad. La máxima «para cada uno lo adecuado», correctora de lo legalmente justo, remitía a una relación de amistad, era lo justo familiar –que superaba la estricta reciprocidad pues perseguía la consolidación de un estatus de paz–74, y contaba con sus propias reglas, respetuosas con las reciprocidades y jerarquías –como la amistosa relación de superioridad de los padres respecto a los hijos–. Cuando la amistad fallaba, la relación pasaba a regularse por la justicia75. Estas cuestiones nos permiten dirigir la mirada hacia lo doméstico como espacio de una justicia, entre natural, moral y canónica. De constituir un capítulo del poder del padre, la justicia doméstica había pasado al código moral; mientras se desvanecía por abajo, de entre las reglas, se elevaba hacia los confines de los principios inspiradores del orden, pendiente de la salus animarum76. Los términos con los que se produce semejante transición son complejos. En la crianza de las almas se alberga la práctica de la justicia doméstica. El obrar ejemplarizante77 del que estaban necesitadas las mayorías ajenas a la virtud78. Y dado que la familia era parte constitutiva de la sociedad, en tanto la virtud de la parte debía estar encaminada a la del todo, la constitución política de la familia coincidía con la constitución moral. Correspondería a los padres, al jefe de la familia, enseñar la belleza de la virtud y aborrecer lo vergonzoso79. La escolástica tomista ya había saludado la crianza virtuosa como la justicia en la familia; la moral había construido uno de los raíles por donde transcurría dicho ejercicio. La dimensión distributiva de la justicia tendría en el padre a un agente de la distribución de bienes –comunes, los que residían originariamente en las propias personas, como la dignidad80, además de los privados– entre sus hijos81. De santo Tomás se recogen las elocuentes palabras que siguen: «[la] relación de la piedad con la religión es una cuestión de orden. Una se refiere a la esfera doméstica en tanto que otra se refiere más explícitamente al orden moral (...). También venerando a los padres damos el culto religioso debido a Dios»82. El cometido moralizador de los padres enlazaba sin tregua con las obligaciones cívicas, pues con la práctica de una justicia y una corrección en el interior se erradicaban demás vicios que pudieran pervertir el espacio colectivo.

Mucho más adelante, a principios del siglo XVIII, fray Antonio Arbiol, autor del mayor tratado existente sobre la familia en la edad moderna, lo expresaba así: «De tales hijos ingratos y desatentos se repiten los castigos públicos en las horcas y cadalsos; los mismos justiciados dicen muchas veces al tiempo de morir que comenzó su perdición con la rebeldía desatenta que con sus padres tuvieron...». Su obra La familia regulada atiende en numerosas ocasiones los aspectos que ahora abordamos. Para comenzar, sus definiciones acerca de la justicia, y sus varios tipos, dan primacía a la catequesis doméstica y la labor del padre en lo que se puede definir como una justicia pacificadora: «La virtud Moral y de la justicia es la que enseña a dar a cada uno lo que le toca (…) La Justicia que no enseña a dar a Dios el culto supremo de adoración se llama Religión (…)La Virtud de la Justicia pertenece también a la Piedad con ésta reverenciamos a los padres (…) La Justicia con que nos sugetamos a los superiores se llama obediencia (..) una casa es feliz y dichosa en la que los que mandan sólo disponen lo justo». A medida que avanza el libro, su autor va desplegando las características de la labor del padre, –en determinadas ocasiones en un plural que da entrada a la madre–, y que centra en un juicio sobre las costumbres: «Y si los padres de familia juzgan que su casa es Casa de Dios conviene apliquen su justa consideración para que el juicio del Señor comience por ella examinando las operaciones de todos sus domésticos y reconociendo si alguno vive mal y está en desgracia del Señor» (…) Es menester gran de prudencia y discreta reflexión para hacer juicio perfecto». El padre Arbiol no olvida instruir acerca de las cautelas y el procedimiento que pueden seguir los padres para investigar y enjuiciar todo cuanto llegase a su conocimiento y perturbase una recta vida familiar: «Sea también regla general que los discretos padres de familia no manifiesten la persona que les ha dado el aviso porque se podrían seguir graves inconvenientes de sangrienta discordia entre el acusante y el acusado y porque nadie en adelante les quería dar aviso de lo que en su casa fuese digno de remedio (…) los domésticos tienen obligación en conciencia de dar aviso á los padres de familia de los dispendios graves ocultos que padece su casa (…) se eviten las acusaciones impertinentes solo sirven para turbar la familia y la paz de todos. Los avisos que se deben dar a los padres de familia han de ser de aquellos defectos perniciosos a los quales ya no se les halla otro remedio sino que los señores pongan su mano para atajarlos (…) En todo género de acusaciones deben andar con mucha detención para creerlas los prudentes padres de familia más tampoco dexen de oírlas no para gobernarse por ellas sino para hacer cumplido examen de la verdad (…) Otra regla general para los mismos padres de familia es que ninguno reprehenda ni menos castiguen sin hacerle primero cargo de su culpa y para que el acusado la confiese denle a entender que no han creído lo que de él les han dicho y preguntándole como lo hizo el padre de familias del Santo Evangelio diciendo Qué es esto que oygo de vuestro proceder (…) si confiesa su culpa reprehéndanle y corrijanle con piedad pero con veras y eficacia conforme lo pidiere la materia. A ninguno castiguen sin oírle su descargo (…) pero si negare su culpa y la tuvieren bien y probada con dos o tres testigos según el Santo Evangelio (…) carguen la mano en la corrección y en el castigo hasta echarle de casa si la materia lo pide. Al que convencieren de acusador falso y chismoso aplíquenle todo el castigo que merecería el acusado si fuese verdad lo que han dicho contra él porque esta es la pena justificada del talión que el Señor dispuso para reprimir a los malévolos y falsos acusadores y si conocieren que alguno tiene genio chismoso quítenle de casa porque no les perturbe la paz estimable de la familia»83.

La corrección y el castigo eran de derecho natural, como lo era el poder paterno, tal como consideraron los teólogos-juristas de la época. Para Francisco de Vitoria la república debía dictar leyes que determinasen los límites: hasta dónde los hijos estaban obligados a obedecer a los padres y las penas con las que éstos podían reprimir la desobediencia o lo que no era lícito sobrepasar. 84 Se trataba de la prudencia del gobierno del padre que, desde los tiempos del humanismo, se celebraba como parte del poder radical del ser humano, de la capacidad de gobernarse por sí mismo, de disponer de una autonomía de dirección, que al fin hacía tolerable su pequeña práctica de la justicia85.

3. El Dominio ausente y el oficio del padre de familia según Domingo de Soto

La reflexión de Domingo de Soto86, –catedrático de la influyente escuela de Salamanca y teólogo imperial presente durante la primera etapa del Concilio de Trento–87, sobre el poder doméstico, nos acerca tanto a las competencias como a los límites de su ejercicio en manos del padre. No era escaso éste para el dominico88, pero debía estar presidido por lo natural y lo razonable; en su De dominio, relección de 1535, escribía un sugerente título que rezaba «Ni la patria potestad ni el poder del marido caen dentro de la recta noción de dominio». Recibía obediencia, aunque se verá que consentida, pero no era señor ni de su esposa ni de sus hijos. Podía concertar los matrimonios de sus hijos, pero a éstos debía escuchar y ceder si se oponían. El conocimiento de Soto sobre la Política de Aristóteles le permitía entrar en profundidad en ciertas disquisiciones a menudo olvidadas en la práctica. Recogía a este respecto, precisamente, que la «esposa no está hecha para servir», tal como había escrito el estagirita en el libro I de la citada obra. La búsqueda de la razón le llevaba a Soto a entender que las competencias del padre no se podían tornar en obligación cuando se encontraban con la razón de los otros. Y dicha suma de razones en el espacio doméstico se proyectaba a un fin común, del que todos se beneficiaban, no en vano, –tal como seguía el teólogo–, Aristóteles en su Etica «llama socios al varón y a la esposa». La selección que hace el dominico le lleva a detenerse en la misma línea sobre los textos bíblicos que resumen su intención: «el hombre no debe usar para su utilidad de la esposa y de los hijos sino en consideración al bien de los mismos». Hasta ahí los límites, como el terreno de la conciencia y fuero interno, al que el padre no accedía pues «el juicio de la conciencia depende de los mandamientos divinos».89 Seguidamente, el razonamiento sobre las funciones del padre de familia. Conviene, por lo tanto, una vez más, retomar cuanto nos refiere Soto a partir de la Política de Aristóteles y el mundo doméstico: «dice, que hay tres partes en la casa: una dominical, otra paterna, otra conyugal90 (…) porque manda sobre la esposa y los hijos, no como a siervos sino como a libres, rigiéndolos y gobernándolos. Y todavía establece diferencia entre la esposa y los hijos, porque manda sobre la esposa con principado político, esto es, a la manera como manda aquél que por el solo consentimiento del pueblo y en precario manda sobre el pueblo; pero el padre manda sobre los hijos con principado regio a la manera como el rey manda sobre el reino con potestad propia y no en precario (…) Pero ni una ni otra es dominical. Por lo cual la esposa y los hijos obedecen como libres, por propia voluntad y libertad91(…) Pero en contra de esto, existe un argumento en relación con la esposa, puesto que esta superioridad del varón y de la esposa también hubiera existido en el estado de naturaleza íntegra como sea que por naturaleza, como dice Aristóteles, el hombre es más excelente que la mujer; pero, después del pecado, se dijo a Eva, como pena, que estuviera bajo la potestad del varón y que éste fuera dominador de ella; por consiguiente, ha sido concedido al varón algún mayor dominio sobre la mujer (…) Además, porque entonces aquella sujeción no hubiera sido penosa para ella, pero ahora el obedecer al varón le es muy penoso, y los mismos varones lo experimentan. Pero, de la misma manera como hablamos acerca de la vida, hay que decir a este propósito que, aunque el varón no sea propiamente señor de la esposa ni de los hijos, no obstante tiene el derecho de guardarlos y gobernarlos; y, por ello, quien causa daño a la esposa o a los hijos hace injuria al varón y a los padres»92.

Estas y otras cuestiones son tratadas de nuevo en su De iustitia et de iure, considerada su magna obra, conocida desde el año 1553 y reeditada posteriormente hasta treinta veces en España, en todo el territorio del imperio, y en el extranjero. En ella el dominico hizo recalar la mayor parte de sus afirmaciones sobre este asunto. Y aún el menor Tratado de como se ha de evitar el abuso de los juramentos, que se conocería en 1551, y que muestra su preocupación por las buenas costumbres y la necesaria práctica de la vigilancia dentro de las familias, fue donde estableció una comparación entre los dos oficios, el de juez y el de padre: «Porque aunque el señor de la casa no tenga autoridad compulsiva como el juez empero es obligado a exercitar el oficio de la corrección fraternal con más cuidado en los de su casa que en los estraños»93. ¿Y cómo debía llevarse a cabo? Corrección y enmienda, con el límite del castigo que correspondía dictar al poder público, que pondera, conoce el derecho y guarda el orden jurídico, siendo que el padre no podía realizar tal cometido debidamente. Desde antiguo, fue constante en el sistema penal canónico el corregir al delincuente, en determinadas circunstancias y desde luego con el requisito mínimo de la confesión de la culpa, en lugar de castigarle con penas, como también se recogía de las enseñanzas de cierto pasaje evangélico. Las Decretales y, sobre todo, las disposiciones del Concilio de Trento, concedieron a los obispos la facultad de castigar y de corregir, tanto en la visita pastoral, como fuera de ella, procediendo paternalmente y no en forma judicial. Constituía éste sin duda un marco comparativo muy próximo al entendimiento sobre cómo podrían suceder estas cosas en el interior doméstico. En el proceso penal canónico, de enorme arraigo, el objetivo de la citada corrección era evitar la celebración de un juicio. Del mismo modo, quien dispusiese de la patria potestad en su familia, cuál pequeña iglesia, buscaría eludir semejante finalidad al corregir. Los cánones, precisamente, no olvidaron mencionar la diversidad de situaciones en las que pudo darse la corrección extrajudicial, paterna, secreta, de todo superior hacia sus súbditos por causa de culpa, no sujeta a reglas y sin efectos jurídicos salvo lo indicado94.

Del tratado De iustitia et iure se deduce que el derecho de corrección constituía para Domingo de Soto la principal y más amplia atribución del padre, correspondida de otro lado con la natural obediencia de sus hijos a la que dedicó extensas líneas: «como está mandado obedecer a los superiores, también lo está honrar a los padres, en lo cual se comprende la obediencia». El fin del bien común, para un teólogo, para una sociedad sacralizada, se entendía desde el cumplimiento de la fe, también en aras del amor fraternal, filial, reflejo del amor de Dios, debiendo todos en una casa entender la postura del padre cuando se dirigía a tal fin: por ello, escribió «cada uno tiene obligación de amar por ley natural no sólo a los padres sinó también a los hijos (…) Como lo que los padres deben a los hijos: la cual manera de deuda no es en verdad como si hubiesen recibido algo de ellos, sino en cuanto son partes de ellos, y amándose a sí mismos aman a sus descendientes, según dice Aristóteles». Por su recta tutela, el padre «…puede obligar a sus hijos bajo pecado mortal. Como el mandarles justísima y severísimamente una cosa de excepcional importancia. Porque su potestad proviene del Señor Dios, que manda en verdad a los hijos honrar a los padres (…) Cuando el padre manda lo que no es contra el Señor, se le ha de obedecer como a Dios (…) entre todas las obediencias naturales (como enseña Aristóteles, 1. Politica) es ésta la primera, la que se debe a los padres»95.

Siendo la potestad del padre anterior a todo poder público, se ejercía sobre una «pequeña república» que no era perfecta –en el pensamiento renacentista ésta no estaba destinada a conseguir el desarrollo de absolutamente todas las capacidades del hombre–96, y además, Soto, que insinuaba el indiscutible vínculo íntimo–comunitario añadía al respecto que «entre el padre y el hijo no hay justicia política absoluta, sino sólo relativa la cuál llámese peculiar justicia paterna (…) algo más excelente que la simple justicia (…) piedad (…) y de los hijos al padre tampoco hay justicia política absoluta pues son parte de uno mismo»–97. Con todo, era el fin del tan mentado bien común98, lo que hacía necesaria la tarea paterna, al tiempo que adolecía de jurisdicción y capacidad coercitiva. Por ello el padre no podía matar, ni mutilar, ni infligir castigos que supusiesen un daño irreparable; podía, eso sí, infligir castigos corporales leves, moderados –la moderación potenciaría el crédito a la autoridad paterna– y con justa causa –de nuevo se le otorga capacidad para dirimirlo o bien es el derecho natural el que lo alumbra–, prohibir y limitar la libertad de movimientos de los hijos, o recluirlos como pena o como medida preventiva durante un tiempo razonable, pero «ni puede poner a los suyos en la cárcel, ni mandarlos al destierro, ni castigarlos con esta clase de penas»99. Y es que, sus mandatos, se hallaban muy alejados de las leyes por ausencia en los primeros de una auténtica dimensión imperativa: »como la casa no es república perfecta, así ni sus preceptos tienen absoluta fuerza de ley (…) sin la fuerza coercitiva, que en el padre no existe, no pueden hacerse leyes»100. Incluso se trataba de normas no escritas, si bien fundamentales para la vida: «la ley humana no prescribe todos los actos de cada virtud sólo prescribe aquellos deberes que atañen al bien común»101. Lo mismo sucedía con los consejos, advertencias y exhortaciones102: «Concédese que el padre de familia puede establecer algunos preceptos en su casa, los cuales podrá exigir con la autoridad de padre, hasta con azotes»103. En tanto para Soto no cabía una sociedad sin derecho104, la pequeña sociedad familiar, en fin, debía regirse también por un conjunto de normas: «así como el Príncipe puede dar leyes a la ciudad, así el padre de familia a los suyos»105. Y de alguna manera todos los miembros de la familia se esperaba actuasen conscientemente como parte activa de una misma unidad –con la mujer tiene «el común cuidado de la familia y entre el varón y la mujer es mayor la razón de los justo»–106 obrando en idéntico sentido: «…en cada familia de las puertas a dentro unos tengan cuidado de otros y se amonesten». Mediante tales palabras, Soto aludía a la contribución de la familia en la extinción de la mala y hasta pecaminosa costumbre de los juramentos, harto extendida; en cuestiones de tan fácil contaminación y tan extrañas a la pureza de la fe toda colaboración resultaba escasa: «La muger a su marido, porque este es el primer ñudo de la naturaleza quando le viere jurar se le acuerde (…) los padres luego que los hijos comenzaren a hablar les deben teñir como en lana de esta religión (…) el señor de la casa tenga en esto cuidado de sus criados amonestándoles (…) y que siendo amonestados no se corrigen les quite la comida (…)»107. La misma corresponsabilidad obraría en la cuestión, a la que también dedicó Soto infinidad de páginas, de la revelación de secretos. Al padre se le tenía el deber de confesión de una falta108.

La máxima virtud de la ley es la obediencia de la misma, afirmaba Soto109, por la misma razón en el espacio doméstico, sus normas, que son normas morales –«se llama a los preceptos morales disciplina»110, debían ser obedecidas y al padre competía estar atento a su cumplimiento. Un cumplimiento que no sólo derivaba de acatar las reglas del hogar, de un hogar modelo de la moral católica, de las costumbres en torno a las reglas de convivencia, reglas sociales y reglas de fe, sino también del subjetivo proceder virtuoso. La justicia, virtud humana, que busca la justa relación entre elementos, está presente de este modo en toda la obra sotiana al abordar la familia. El obrar del padre, según este autor, estaría presidido por la justicia y la equidad111: «…el padre de familia se llama dispensador, porque o manda los trabajos a cada uno como con cierto peso y medida, o también distribuye lo necesario de la dispensa común»112, y el obrar de toda la familia: «la naturaleza de la justicia es ser en relación a otro, al cual se le da lo igual a lo debido: luego la religión conviene con la justicia, porque es en relación a otro, por ejemplo, a Dios; al cual, sin embargo, no podemos devolver por igual. Y en esto se aparta de la justicia. Más a la religión113 pertenecen los preceptos de la primera tabla, que es virtud aneja a la justicia. Por igual motivo la piedad, que es con relación a los padres, a los cuales no podemos devolver por igual, es parte de la justicia potencial. Y asimismo el respeto, que es la reverencia prestada a los hombres por la virtud»114. La incursión en el derecho de corrección del padre es la defensa de la justicia como corrección, que anhela lo correcto, lo razonable y razonado. La práctica de la justicia es la práctica de una virtud de la que no escapaba nadie en la familia, más precisamente por ello el padre velaba por adaequeare –que abraza el mismo significado que iustificare– a aquella su vida cotidiana115.

4. Algunas conclusiones

Somos conocedores, a partir de una consolidada historiografía, de los caminos que convergen en un modelo social y cultural de familia que asumió las diversas tradiciones, desde la judeocristiana, clásico–canónica, aristotélico–tomista, hasta la humanista, alcanzando su plenitud de expresión en torno a la figura preponderante del padre. Recogiendo distintos elementos históricos que alentaron y construyeron el espacio de intervención de las familias en el control del orden y el ejercicio de la justicia, se hace además necesario indagar acerca de cuál fue el papel del padre en contextos de sacralización de lo privado y competencias de resolución y coerción aun no devueltas o escasamente entregadas al ámbito de lo público. Lo que en este trabajo nos planteábamos era, si en este complejo marco cultural y político, unido a la fuerza de la costumbre, el padre había podido mantener ciertas atribuciones vinculadas al concreto ejercicio de la justicia, máxime teniendo en cuenta el auge, desde los tiempos medievales y aún su persistencia en los principios de la edad moderna, de la justicia privada de los linajes. Hablamos de atribuciones, tanto teóricas como prácticas, que nacen y se desarrollan en la familia, con obvias repercusiones en el orden en el que se inserta y la trasciende. Algunos datos nos señalan pautas de cambio que afirman la existencia de un recorrido lento pero cierto de la justicia del linaje a la justicia del padre, la cual adquiere protagonismo a la par de la justicia del rey con la que se erigirá en colaboradora. De entre la diversidad de casuísticas y asuntos, la reincidencia del rapto de la hija, el rapto de la doncella por el padre, muestra el estado de monopolización de la potestad de dirimir y resolver el conflictivo asunto del matrimonio, considerado un auténtico sumario de disputa patrimonial entre las élites, potestad que iría asociada a la expresión pública de la fuerza. No se trata en su conjunto de procesos de cambio uniformes ni sostenidos, de la misma manera que los espacios y sujetos de competencia del padre en materia de justicia doméstica eran difusos y pudieron trascender, en especial bajo el régimen hereditario de la exclusión, al estricto grupo doméstico. Como también serían difusos los límites de la misma noción de justicia del padre, progresivamente moralizada. Esta relación que en torno al padre se erige entre justicia y moral formaría parte fundamental en la superposición de lo privado y de lo público o su indivisibilidad en los primeros tiempos del período moderno. Esta relación, igualmente, puede ser entendida como un elemento de la construcción simbólica del patriarcado como pilar del sistema jurídico–político. Para dar respuesta a nuestro planteamiento desde el punto de vista del discurso, la obra del dominico Domingo de Soto, que no ha sido analizada desde esta perspectiva, resulta esclarecedora: la justicia del padre fue durante aquellos tiempos un elemento imprescindible dentro del orden político–moral. Al padre se le confiaba, por derecho natural y divino, la práctica de una justicia doméstica que era entendida como pedagogía de la virtud, correctiva y pacificadora, una acepción que se presentaba como necesaria y constructiva, corresponsable con el bien colectivo.

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NOTAS

* Este trabajo forma parte de las investigaciones realizadas en el marco de un proyecto financiado por MINECO HAR2014-52850-C3-3-P.

1 . Herrera Moreno, M.: La hora de la victima. Madrid, 1996, p. 28.

2 . Da Costa Andrade, M.: A victima e problema criminal. Coimbra,1980, p. 50.

3 . Casey, J.: Historia de la familia. Madrid, 1990, p. 186.

4 . Casey, op. cit., cap. 3.

5 . Garnot, B. : «Justice, infrajustice, parajustice et extrajustice dans la France d’Ancien Regime», Crime, History & Societies, 4- 1, 2000.

6 . Segura, F.: «Raíces historiográficas y actualidad de la historia de la justicia y el crimen en la Baja Edad Media», Anuario de Historia del Derecho Español, 73, 2003, pp. 577-678.

7 . Pedraza Jiménez, F. B.: Sexo, poder y justicia en la comedia española. Madrid, 2007. Tropé, H.: «La ironia en El castigo sin venganza, de Lope de Vega, y El médico de su honra, de Calderon», en Couderc, C.; Tropé, H. [éds.]: La tragédie espagnole et son contexte européen (XVIe-XVIIe siècles). Paris, 2013, pp. 218-226.

8 . Para un reciente estado de la cuestión ver Ruiz Sastre, M.: Mujeres y conflictos en los matrimonios de Andalucía occidental: el Arzobispado de Sevilla durante el siglo XVII, tesis doctoral en línea, Universidad de Huelva, 2016. Pérez Cantó, P. (ed.): El origen histórico de la violencia contra las mujeres. Madrid, 2009.

9 . Imprescindible sobre la importancia de la red: Imizcoz, J.m; Oliveri, O. (coords.): Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen. Madrid, 2010.

10 . Morte Acín, A.: «Que si les oían reñir o maltratar el marido a la mujer la socorriesen: familia, vecindad y violencia contra la mujer en la Edad Moderna», Revista de Historia Moderna, 30, 2012, pp. 211-227. Dolan, F.: Marriage and violence. The Early Modern Legacy. Philadelfia, 2008.

11 . Hernández, M. A. y Santillana, M.: «Algunas reflexiones sobre el estudio de la violencia en el ámbito familiar en Extremadura (siglos XVI-XIX)», Norba. Revista de Historia, 24, 2011, pp. 79-84.

12 . Bossy, J. (ed.): Disputes and Settlements: Law and Human Relations in the West. London-New York, 1983. LOW,J.A.: Manhood and the Duel: Masculinity in Early Modern Drama and Culture. New York, 2003, pp. 93-135.

13 . Carmona Gutiérrez, J.: «Los protocolos notariales como fuente para el estudio de la violencia y la conflictividad social en el periodo moderno: cartas de poder, apartamientos de querellas y fianzas», Clío y Crimen, 10, 2013, pp. 189-206

14 . Casey, J.: «La conflictividad en el seno de la familia», Estudis, 22, 1996, 23.

15 . Hardwick, J.: «Seeking separations. Gender, marriages and household economies in Early Modern France», French Historical Studies, 21-1, 1998. Broggio, P. y Paoli, M. P. (eds.): Stringere la pace. Storie e pratiche della conciliazione nell’Europa moderna (secoli X -XVIII). Roma, 2011.

16 . Fargas Peñarrocha, M.: Família i poder a Catalunya. Les estratègies de consolidació de la classe dirigent. Barcelona, 1997, cap. 2.

17 . elias, N.: El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. México, 1987.

18 . Mantecón Movellán, T. A.: «Impactos de la violencia doméstica en sociedades tradicionales: La muerte de Antonia Isabel Sánchez, quince años después», Memoria y Civilización, 16, 2013, pp. 83-115. Del mismo autor: «El peso de la infrajudicialidad en el control del crimen durante la Edad Moderna», Estudis, 28, 2002, pp. 43-75. «Did interpersonal violence decline in the Spanish Old Regime?», Memoria y Civilización 2, 1999, pp. 117-140.

19 . Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Generalitat (G), Regia Visita (RV), 85.

20 . ACA, G., R.V., 27.

21 . Terrades, I.: Justicia vindicatoria: de la ofensa e indefensión a la imprecación y el oráculo, la vindicta y el talión, la ordalía y el juramento, la composición y la reconciliación. Madrid, 2008, p. 962.

22 . Farge, A. y Foucault, M.: Le Désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille.París, 1982.

23 . Fargas Peñarrocha, M.: «Nupcias y movilidad social en la constitución de lo público y lo privado en la Barcelona moderna», Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, VIII, 2009, pp. 151-173.

24 . Terrades, I. op. cit, p. 962.

25 . Bravo Gala, P. (ed.): Jean Bodin. Los seis libros de la República. Madrid, 1997, p. 24.

26 . Núñez, I.: «Algunas consideraciones sobre la pena de muerte en el derecho de familia romano», en Perez, F. (ed.): Universitas vitae. Homenaje a Ruperto Núñez. Salamanca, 2007, pp. 567 y ss. Donadio, N.: «Iudicium domesticum, riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla patria potestas», Quaderni camerti di studi romanistici, 40, 2012, pp. 175-196.

27 . Amunátegui, C.F.: «El origen de los poderes del «paterfamilias»: el «paterfamilias» y la «patria potestas», Revista de estudios histórico–jurídicos, 28, 2006, pp. 37-143.

28 . Bravo Bosch, M. J.: «El mito de Lucrecia y la familia romana», en Rodríguez, R. y Bravo, M. J. (eds.), Mulier. Algunas historias e instituciones de derecho romano. Madrid, 2007, pp.18-39. En el mismo, von Boné, E.: «The position of women in the roman family court», p. 352. Russo, C.: «Ancora in tema di iudicium domesticum», Iuris antique historia, 2, 2010.

29 . Fernández Baquero, M. E.: «El paterfamilias y el consilium domesticum», Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, 8, 1985, p. 163 y ss.

30 . Núñez, I.: art. cit.

31 . Montanos Ferrín, E.: «La criminalización de los derechos del pater familias», en DD.AA.: Estudios de Historia del derecho criminal. Madrid, 1990, pp. 64-66. De la misma autora: «Favor reverentiae parentis», Anuario de Historia del Derecho Español, 78-79, 2008-2009, pp. 15-50.

32 . Figuras y actos del padre estudiados recientemente por: Kuehn, T.: Family and Gender in Renaissance Italy, 1300-1600. Cambridge, 2017.

33 . Rodríguez Sánchez, A.: «El poder familiar: la patria potestad en el Antiguo Régimen», Chronica Nova, 18, 1990, pp. 365-380.

34 . Bravo Gala, P. (ed.): Jean Bodin. Los seis libros de la República. Madrid, 1997, p. 25.

35 . Du Bois, A.: Historia del derecho criminal de los pueblos antiguos. Madrid, 1850, pp. 13 y ss.

36 . Lalinde, J.: Derecho histórico español. Barcelona, 1983, p. 394.

37 . Wolff, J. J.: «El origen del proceso entre los griegos», Revista de la Facultad de Derecho de México, 247, 2007, pp. 335-374.

38 . Lindón, A. (coord.): La vida cotidiana y su espacio-temporalidad. Barcelona, 2000, p. 88.

39 . Eugenio, F.: Breve historia de Roma. Madrid, 1991, p.108.

40 . Ferreiro Baamonde, X.: La victima en el proceso penal. Madrid, 2006, pp. 15-20.

41 . Ramos Vázquez, I.: «Cárceles públicas y privadas en el derecho medieval y castellano. El delito de cárceles particulares», Revista de estudios histórico-jurídicos, 28, 2006, pp. 339-386.

42 . Burillo Albacete, F.: El nacimiento de la pena privativa de libertad. Madrid, 1999.   Sainz Guerra, J.: La evolución del derecho penal en España. Jaén, 2004, pp. 301-318. Tomás Y Valiente, F.: «La prisión por deudas en los derechos castellano y aragonés», Anuario de Historia del Derecho Español, 30, 1960, pp. 248-489. Orlandis, J.: «Sobre el concepto del delito en el derecho de la alta edad media», Anuario de Historia del Derechos Español, 16, 1945, pp.112-142.

43 . Montanos Ferrín, E.: «Responsabilidad penal individual y colectiva en la familia medieval y moderna», Anuario da Facultade de dereito Universidade da Coruña, 19, 2015, pp. 519-538.

44 . Moss, R. E.: Fatherhood in its representations in middle english texts. London, 2013.

45 . Flores Hernández, G.: Apuntes de historia de la cultura. Caracas, 2007, p. 54.

46 . Contreras, J.: « Entre tradición y autoridad: la « invención de la herejía», en DD.AA., Vivir el siglo de oro. Poder, cultura e historia en la época moderna. Salamanca, 2003, p. 140.

47 . ASH, M.: La Biblia ante la Biblia. Historia, ciencia y mitología. Madrid, 2011, p. 167.

48 . Terrades: Justicia vindicatoria, op. cit., 264.

49 . Ramos Vázquez, I.: art. cit.

50 . Focault, M.: Vigilar y castigar. Buenos Aires, 2003, p. 167.

51 . Ortego Gil, P.: «Hurtar a los de casa. Notas sobre hurtos doméstico», Cuadernos de Historia del Derecho, 2010, pp. 449-470.

52 . Bravo Gala, P. (ed.): Jean Bodin, op. cit., p. 26.

53 . Catecismo del Santo Concilio de Trento para los párrocos ordenado por disposición de S. Pío V. Madrid, 1761, p. 236, 239.

54 . Astete, G. de: Catecismo explicado. Valladolid, 1839, p. 141.

55 . Morán Martín, R. y Quintanilla Raso, M. C.: «De la paz general al seguro regio. Para la comprensión jurídica de un concepto y su aplicación en la Castilla de los Reyes Católicos», En la España medieval, 59, 2013, pp. 31-59.

56 . Orlandis, J., art. cit.

57 . Tomás y Valiente, F.: «El perdón de la parte ofendida en el derecho penal castellano (siglos XVI, XVII y XVIII)», Anuario de Historia del Derecho Español, 31, 1961, pp. 55-114.

58 . Tague, I.H.: «Love, honor, and obedience: fashionable women and the discourse of marriage in the early eighteenth century», The journal of British studies, 40-1, 2001, pp. 76-106.

59 . Carroll, S.: Blood and violence in early modern France. Oxford, 2006.

60 . Mantecón, T.: «Hogares infernales: una visión retrospectiva sobre la violencia doméstica en el mundo moderno», en Lorenzo Pinar, F. J.: La familia en la historia. Salamanca, 2009, pp. 187-230

61 . Gacto, E.: «Justicia y derecho en las fuentes literarias», Anuario de historia del derecho español, 72, 2009, pp. 510 y ss.

62 . Hardwick, J.: «Women working the law: gender, authority, and legal process in early modern France», Journal of modern history, 9-3, 1997. Muldrew, C.: «The culture of reconciliation: community and the settlement of economic disputes in early modern England», The Historical Journal, 39-4, 1996, pp. 915-942.

63 . Adams, J.: «The rule of the father: patriarchy and patrimonialism in early modern Europe», en Camic, C.; Gorski, P. y Trubek, D. M. (eds.): Max Weber’s economy and society. A critical companion. Stanford, 2005, pp. 237-266.

64 . Bonfield, Ll.: «Avances en la legislación familiar europea», en Barbagli, M.; Kertzer, D. (comps.): La vida familiar a principios de la era moderna. Barcelona, 2000, p. 157.

65 . Mantecón, T.: «Desviación, disciplina social e intervenciones judiciales en el antiguo régimen», Stvdia histórica, 14, 1996, p. 223. Del mismo autor: «Usos de la justicia y arbitraje de los conflictos en el antiguo régimen», Revista de historia social, 19-2, 2015, pp. 209-235.

66 . Bermejo Castrillo, M. A.: Entre ordenamientos y códigos. Legislación y doctrina sobre familia a partir de las leyes de Toro. Madrid, 2009, p. 182.

67 . Soto, D. de: De iustitia et iure libri decem. Madrid, 1968,  p. 416.

68 . Ramos Vázquez, I.: art. cit.

69 . García Herrero, M. C.: « La marital corrección, un tipo de violencia aceptado en la baja edad media », Clio y Crimen, 5, 2008, pp. 42-71.

70 . Lett, D.: «Pères modèles, pères souvirains, pères réels», Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 4, 1997.

71 . Que algunos clérigos contemplaron compasivamente aconsejando al padre no actuar con demasiada piedad. García Herrero, M. C.: «La marital corrección», art. cit., p. 42. Tambén véase Córdoba de la Llave, R. (coord.): Mujer, marginación y violencia entre la edad media y los tiempos modernos. Córdoba, 2006.

72 . Muinelo, J.C.: La invención del derecho en Aristóteles. Madrid, 2011, p.171.

73 . Contreras, S.: «La justicia en Aristóteles. Una revisión de las ideas fundamentales de Ethica», Estudos clássicos em debate, 14, 2012, pp. 63-80.

74 . Terrades, I.: «La reciprocidad superada por la equidad, el amor y la amistad», Endoxa: Series Filosóficas15, 2002, pp. 205-250

75 . García Soto, L.: Teoría de la justicia e idea del derecho en Aristóteles. Madrid, 2010. Tesis doctoral consultada en línea el 6 de marzo de 2016.

76 . Montanos, E.: «Societas Christiana: Crimen-Peccatum?, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña,  10, 2006, pp. 735-745.

77 . Heras, J. L. de las: «Ejemplaridad, paternalismo y utilitarismo en la justicia de la España de los Habsburgo», Estudios Humanísticos. Historia, 12, 2013, pp. 185-213.

78 . Tierno, P.: «La concepción de la justicia política en Aristóteles», IX Congreso nacional de ciencia política: «centros y periferias: equilibrios y asimetrías en las relaciones de poder». Santa Fé, 2009, p. 3. Consultado en línea el 3 de marzo de 2016.

79 . Carrancio, B. y Pérez, E.: «Relaciones entre la política y la ética de Aristóteles», A parte rei. Revista de filosofía, p. 4. Consultada en línea el 3 de marzo de 2016.

80 . Sánchez Garrido, P.: «Consideraciones sobre la justicia distributiva en la filosofía política de santo Tomás de Aquino», Congresso tomista internazionale l’Umanesimo cristiano nel III millennio: prospettiva di Tommaso d’Aquino. Roma, 2003. Consultada en línea el 3 de marzo de 2016.

81 . Chafuen, A.A.: «Justicia distributiva en la Escolástica tardía», Estudios Públicos, pp. 5-20. Consultado en línea el 22 de marzo de 2016.

82 . Senovilla García, J. A.: La virtud de la piedad en la Summa theologiae de santo Tomás de Aquino. Fuentes y análisis textual. Pamplona, 2002. Tesis doctoral consultada en línea el 22 de marzo de 2016.

83 . Arbiol, A.: La familia regulada según doctrina de la Sagrada escritura y santos Padres de la Iglesia Catholica. Madrid, 1778, pp. 63, 321, 367, 368, 406, 410, 482, 558-559.

84 . Hernández Franco, J.: «Reflexiones sobre la figura del padre en la Edad Moderna», en Vilar Ramírez, J. B.; Peñafiel Ramon; A. e Irigoyen López, A.: Historia y sociabilidad: homenaje a la profesora María del Carmen Melendreras Gimeno. Murcia, 2007, pp. 231-244.

85 . Cordero, J. (ed.): Francisco de Vitoria. Relectio de Potestate civile. Madrid, 2008, p. 370. Sobre Vitoria y su obra Ares, B.: Humanismo y visión del otro en la España moderna. Cuatro estudios. Madrid, 1992.

86 . Un reciente trabajo: Sánchez-Lauro Pérez, S.: «Itinerario vital y doctrinal de Domingo de Soto: implicación político-social desde la ortodoxia», Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, 1-2, 2011, pp. 113-136. También Cuesta Domingo, M. P.: Domingo de Soto. Estudio crítico. Madrid, 2013.

87 . Poncela González, A.: La Escuela de Salamanca. Filosofía y Humanismo ante el mundo moderno. Madrid, 2015.

88 . Llega a afirmar Soto en su De iustitia la capacidad del padre para estorbar la decisión del hijo. Un ejemplo lo encontramos en su reflexión sobre la venta de los hijos como título constitutivo de servidumbre, aunque sólo en el caso de extrema necesidad y sin coacción siguiendo en ello el pensamiento de Tomás de Mercado al afirmar «…porque el hijo es cosa muy del padre…». Brufau, J.: El pensamiento político de Domingo de Soto y su concepción del poder. Salamanca, 1960, p. 45. Véase también: Poncela González, A.: «Domingo de Soto: análisis antropológico de la facultad del dominio», Anuario filosófico, 45, 2012, pp. 343-366.

89 . Torrubiano Ripoll, J. (ed.): Domingo de Soto. De la justicia y del derecho. Madrid, 1926, I, p. 147.

90 . Una primera aportación atenta a las corrientes de pesamiento: Frigo, D.: Il padre di familia. Governo della casa e governo civile nella tradizione nell’economica tra cinque e seicento. Roma, 1985.

91 . Nótese los elementos provenientes de derecho natural como parte del carácter renovador de un pensador renacentista: Giménez Castaño, D.: «Domingo de Soto», en Poncela González, A.: La Escuela de Salamanca. Filosofía y Humanismo ante el mundo moderno. Madrid, 2015, p. 115.

92 . Brufau, J. (ed.): Domingo de Soto, Relección «De dominio». Granada, 1964, pp. 171-175.

93 . Soto, D. de: Tratado de como se ha de evitar el abuso de los juramentos. Madrid, 1770 (3º impresión), p. 201.

94 . Rodriguez González, J.: «La inquisición y la corrección judicial en el proceso criminal canónico», Revista española de derecho canónico, 11-32, 1956, pp. 317-338.

95 . Torrubiano Ripoll, J. (ed.): Domingo de Soto. De la justicia y del derecho, op.cit., I, p. 163, 193, 334, 340.

96 . Cruz Cruz, J.: «La extensión de la ley natural al poder político», en ÍD.(ed.): La ley natural como fundamento moral y juridico en Domingo de Soto. Pamplona, 2007, p 6.

97 . A ello Soto le dedicaría todo un artículo «Si el derecho paterno se distingue del justo político». Torrubiano Ripoll, J. (ed.): Domingo de Soto. De la justicia y del derecho, op. cit., II, p. 211.

98 . Rainiero, D.: «El bien común como finalidad esencial a la ley en» De Iustitia et Iure» de Domingo de Soto», en Cruz Cruz, J. (ed.): La ley natural como fundamento moral y juridico en Domingo de Soto. Pamplona, 2007, pp. 241-246.

99 . Torrubiano Ripoll, J. (ed.): Domingo de Soto. De la justicia y del derecho, op. cit., I, p. 32.

100 . Torrubiano Ripoll, J. (ed.): Domingo de Soto. De la justicia y del derecho, op. cit., I, p. 147.

101 . Torrubiano Ripoll, J. (ed.): Domingo de Soto. De la justicia y del derecho, op. cit, I, p. 144-145.

102 . Brufau, J.: El pensamiento político de Domingo de Soto, op. cit., pp. 141-147.

103 . Torrubiano Ripoll, J. (ed.): Domingo de Soto. De la justicia y del derecho, op. cit., I, p. 32.

104 . Brufau, J.: «Una visión renacentistas del derecho y sus funciones en la obra de Domingo de Soto», Anuario de filosofía del derecho, Nº 17, 1973-1974, pp. 3-8.

105 . Torrubiano Ripoll, J. (ed.): Domingo de Soto. De la justicia y del derecho, op. cit., I y p.28.

106 . Torrubiano Ripoll, J. (ed.): Domingo de Soto. De la justicia y del derecho, op. cit., II, p. 212, 213.

107 . Soto, D. de: Tratado de como se ha de evitar el abuso de los juramentos, op. cit., p. 201.

108 . Osuna Fernández-Largo, A. (ed.): Domingo de Soto. Relecciones y opúsculos. El abuso de los juramentos. La ocultación de secretos. Salamanca, 2000, pp. 335, 403.

109 . Peinador, A.: « La ley penal en Domingo de Soto », Salmanticensis, 8-3, 1961, p. 640.

110 . Torrubiano Ripoll, J. (ed.): Domingo de Soto. De la justicia y del derecho, op. cit., I y p. 316.

111 . Fortier, M.: The culture of equity in early modern England. London-New York, 2016, pp. 96, 169.

112 . Torrubiano Ripoll, J. (ed.): Domingo de Soto. De la justicia y del derecho, op. cit., I, p. 237.

113 . Morrow, J. L.: «Faith, Reason and History in Early Modern Catholic Biblical Interpretation: Fr. Richard Simon and St. Thomas More», New Blackfriars, 96, 2015, pp. 658-673.

114 . Torrubiano Ripoll, J. (ed.): Domingo de Soto. De la justicia y del derecho, op. cit., II, p. 47.

115 . Scattola, M.: «La virtud de la justicia en la doctrina de Domingo de Soto», Anuario filosófico, 45-2, 2012, pp. 313-341.







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